Un no parar

Esto es un no parar. Es una forma de entender la política como otra cualquiera. Pero esta forma es ilegal, pero aún así se sigue haciendo ya que la justicia aplica unas leyes que favorecen a personajes que la hacen con un dinero que ni siquiera es suyo, pero que utilizan a su favor. Resulta que el Juzgado número 3 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha imputado a tres dirigentes del PSOE de Chipiona por las irregularidades detectadas en la construcción del Museo de Rocío Jurado. Este museo, está llamado a convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos de la población, el museo recordará la trayectoria de la artista a través de una colección de sus objetos personales, que incluye más de 200 trajes utilizados en sus actuaciones, un piano e incluso un Mercedes que fue propiedad de la cantante. Los tres imputados son el ex alcalde socialista de la población, Manuel García Moreno, el ex concejal de Urbanismo José Antonio Sotomayor y la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Chipiona, María Naval. Durante la alcaldía de Manuel García Moreno, el Ayuntamiento de Chipiona solicitó al Ministerio de Industria subvenciones que suman 3,5M de € para llevar a cabo dos proyectos en el municipio: la creación de un Polígono industrial y la rehabilitación de las llamadas Naves Niño de Oro, un complejo en el que se ubica el nuevo Palacio de Ferias y Exposiciones y el futuro Museo de Rocío Jurado. Pero recuerden que no hay sopa Hispana sin pelo dentro, y en la actuación de una inspección realizada por el Ministerio de Industria se detectó numerosas irregularidades en la ejecución de ambos proyectos. Como consecuencia de ello el Ayuntamiento de Chipiona, ahora gobernado por el PP, se ve obligado a devolver 2M de € de los 3,5 recibidos de la subvención. Las obras se ejecutaron a través de la empresa municipal Caepionis (que presidía el propio alcalde, vaya casualidad), lo que dificultó su fiscalización. Una auditoría encargada por el actual equipo de gobierno del PP ha puesto en evidencia, sin embargo, que el anterior gobierno socialista vulneró todos los procedimientos de contratación, cosa por otro lado que no es de extrañar en este tipo de procedimientos públicos. Se demuestra una vez más, que da igual el color político del que se sea, porque para mangonear, trapichear y robar al ciudadano, no hace falta ser de ningún color en concreto. Sólo hace falta tener muy poca vergüenza, ser un malparido y encima ostentar un cargo público para hacer esas cosas. Pero también parte de culpa de que esto ocurra, es la impunidad con la que se hace, ya que las leyes no obligan a ningún chorizo de esta calaña a devolver ni un duro de lo robado, porque si fuera así, y ninguno de esto mangantes salieran de la cárcel hasta no haber devuelto hasta el último céntimo, seguramente que iría la cosa un poco mejor. Pero es lo que hay Maikel Naig, las leyes favorecen al que gobierna, y punto. Porca miseria. Por eso, déjame que te cuente.