martes, 6 de marzo de 2018

LOPD pa ná

Miguelín es un discapacitado de Cantabria. Tiene una pensión no contributiva con la cual tira p’alante como buenamente puede y le dejan los precios. Pero este hombre se ha hecho famoso por otro asunto. Es un vecino de Laredo del cual se han aprovechado los del partido popular de Cantabria para pagar las cuotas de 511 militantes, con el fin (ojo al detalle) de que pudieran votar en el congreso regional. Es para mearse de risa, sino fuera porque los cuatro miembros del PP, entre ellos la presidenta, la secretaria general y la presidenta del comité general, se han saltado la ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) a la torera. Por eso y gracias a ello, María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta regional del partido en el congreso celebrado en marzo de 2017 (y que ahora ha saltado a la luz gracias a una auditoría), al obtener cuatro votos más que su rival, el ex presidente del Gobierno de Cantabria Nacho Diego. La documentación que obra en el Juzgado acredita que quienes realizaron estas operaciones necesariamente tuvieron en su poder y manejaron el censo de militantes del partido, pues cada transferencia debía incorporar los datos personales del afiliado que se beneficiaba del pago y de ahí viene al asalto a la LOPD. El censo de militantes de un partido político es un documento especialmente protegido por la LOPD, por las implicaciones que tiene sobre la ideología y actividad política de sus miembros. Vulnerar el secreto sobre datos especialmente protegidos constituye una infracción muy grave de la Ley, sancionable con multas de entre 300.000 y 600.000€. En un partido político, el responsable de custodiar el censo de militantes es el gerente. En el caso del PP de Cantabria, cuando sucedieron los hechos la gerente era Jesusa Sánchez, que al mismo tiempo presidió el comité organizador del congreso regional y que fue una de los cuatro magníficos que hicieron las transferencias a través de la cuenta bancaria de Miguelín. Pero quién hizo la ley hizo la trampa, y quienes realizaron las transferencias sólo podrían ser eximidos de esta responsabilidad si pueden acreditar que recibieron la autorización expresa y por escrito de cada uno de los 511 militantes cuyos datos personales utilizaron. Qué no les quepa a ustedes la menor duda, de que lo intentarán por todos los medios, repito, por todos los medios a su alcance. Como siempre ocurre en este país de pandereta, todo esto se olvidará entre recurso y recurso y al final nadie irá a la cárcel, ni nadie pagará por estas cosas, por el simple hecho de ser político/a, porque eso supone estar por encima de todo dios, incluida la ley. Es lo que hay, Maikel Naig. Pa pillar un camino. Por eso, déjame que te cuente.

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